Compartimos el documento
producido por lxs compañerxs de la Agrupación Justo (de la Facultad de Derecho), el
cual fue leído en ocasión de la Charla-Debate sobre la temática que llevaron a
cabo el martes pasado en esa unidad académica, y que sirve de insumo para dejar
abierto este complejo debate. A continuación, el texto:
100 años han pasado de aquel 23
de septiembre de 1913 donde veía la luz la primera ley contra la trata de
personas de Latinoamérica y era Alfredo Palacios –primer legislador socialista-
el encargado de llevar adelante el debate en el congreso. Corría el año 1913 y
por entonces había en Buenos Aires más extranjeros que nativos y más hombres
que mujeres. Cafiolos, rufianes y proxenetas manejaban el negocio de la
prostitución regulado por el Reglamento de Prostíbulos de Buenos Aires de 1875,
que decía como toda protección que: “no podrá haber en los prostíbulos mujeres
menores de 18 años, salvo que se hubieran entregado a la prostitución con
anterioridad”.Con el nuevo proyecto de ley presentado por Palacios tipifico el
delito estableciendo “se reprimía con tres a seis años de penitenciaria el que
promoviere o facilitare la corrupción o prostitución de mujeres mayores de 18
años y menores de 22 para satisfacer deseo ajeno”.
Con este nuevo marco normativo,
el Estado Argentino fijo su postura “abolicionista”, por la cual castiga a
quienes promuevan o faciliten la prostitución de personas menores edad o de
mayores cuando mediare engaño. Como recuerdo y a modo anecdótico queda aquella
carta recibida por Alfredo Palacios cuando promediaba un año de la sanción de
la ley diciendo lo siguiente:
“Usted no me conoce, doctor, pero soy de las tantas jovencitas que allá
por 1914 me salvó de las garras del hampa. Me trajeron adolescente de Varsovia,
engañada, creyendo que me ponía a servir en casa de familia honesta que me
daría educación, pero caí. No se imagina, doctor, lo que pasé. Me golpearon, me
encerraron, me hicieron prostituta. Estaba vencida, entregada, no conocía a
nadie a quien acudir. Pero se levantó su voz y los explotadores se acobardaron;
tenían miedo de usted, de esa ley que había conseguido, la ley Palacios, como
después la llamaría el pueblo. Usted, doctor, salvó a una joven inocente.
Cuántas como yo se han salvado. A usted le debo todo. Muchas, muchas gracias.”
Hoy, 100 años después, algunas
cosas poco hay cambiado; seguimos hablando de clientes poderosos, de
explotadores sexuales con fuerte poder económico y de la connivencia con los
poderes del Estado como socios en este negocio, sumándole que nuestro país ha
demostrado un significativo olvido del tema, a pesar del conocimiento que de la
magnitud del problema se tenía y se tiene por el incansable trabajo llevado a
cabo por las organizaciones no gubernamentales de mujeres y las redes y
coaliciones dedicadas al tema.
Debe el Estado, en todos sus niveles
y a través de sus tres poderes, hacerse cargo del compromiso que hasta hoy,
casi en soledad, han asumido con su trabajo, las numerosas organizaciones no
gubernamentales dedicadas al tema y un conjunto de personas –como Susana
Trimarco, la madre de Marita Verón- se han comprometido con la búsqueda y
asistencia de la victimas de trata y explotación sexual a partir de tristes y
lamentables experiencias personales o familiares por las que han tenido que
pasar.
Al repasar el debate legislativo,
cuando se discutía el proyecto propuesto por Alfredo Palacios, subyace en ese
debate otras discusiones que aun hoy, 100 años después, no hay sido saldadas:
¿Son la pobreza y la exclusión los responsables de las prácticas
prostituyentes? ¿Cuál debe ser el rol del Estado? ¿Debe reglamentar y
controlar, o bien abolir, prohibir y castigar? El debate aún sigue abierto.
JUSTO
justo.fcjs@gmail.com
Proyecto Participación Activa
Juventud Socialista – Ciudad de
Santa Fe
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