Argentina se debe un
debate serio sobre el consumo de estupefacientes, las adicciones, y la
proliferación del narcotráfico como consecuencia de una inexistente política
pública en la materia.
Desde hace meses venimos advirtiendo, desde el Grupo de
Despenalización de la
Juventud Socialista de Santa Fe, que es necesario poner -sin
tapujos- arriba de la mesa esta discusión. Los niveles de consumo de drogas en
Argentina se han multiplicado, y no se
advierten políticas de salud, educativas, ni de prevención, apropiadas.
Tampoco la presencia de un Estado que se
haga cargo de este problema. Esto favorece la producción ilegal, y la
proliferación del crimen organizado alrededor de este negocio, en algunos casos
con anuencia implícita de fuerzas de seguridad, y en los peores en connivencia
con ellas, lo cual agrava aún más la situación.
Celebramos
que el Gobernador de Santa Fe, el compañero
Antonio Bonfatti, haya blanqueado la necesidad de buscar consensos en
torno a
la despenalización, y hasta la legalización de algunos estupefacientes
blandos
(http://www.lacapital.com.ar/politica/Bonfatti-de-acuerdo-con-iniciar-el-debate-para-legalizar-alguna-droga-blanda-20130201-0034.html).
Hoy
Uruguay nos muestra un camino en este mismo sentido, optando por
debatir
abiertamente la legalización del cannabis, no solo atendiendo a una
cuestión
conceptual de ampliación de libertades y descompresión del “menudeo”,
abocando
la lucha del Estado contra el Narcotráfico, sino que también apunta a
reconocer
las propiedades y diferentes usos medicinales que la misma puede tener.
Este es el planteo que venimos instalando desde hace tiempo,
tras corroborar las consecuencias nefastas que acarreó la aplicación de una
norma injusta, que incluso ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación:
Ley Nacional Nº 23.737. Esta, tras 24 años de aplicación ininterrumpida, ha
dado claras muestras de su ineficacia, provocando un desastre estadístico que
arroja un número aproximado a 200.000 detenciones (unas 8000 por año), en su
gran mayoría jóvenes con cantidades ínfimas, a quienes se les inicia una causa
judicial y son introducidos en el sistema procesal penal, y el arresto de
prácticamente ningún narcotraficante de importancia. El paradigma represivo,
centrado en la persecución de los consumidores -verdaderas víctimas y último
eslabón de la cadena- fracasó, y no
logró desarticular el mercado negro de drogas.
¡Claramente algo está fallando! Y la indefinición de una
política pública clara que pueda diferenciar el consumo por un lado y el
narcotráfico por otro, complica aún más las cosas, confunde los paradigmas, e
impide la búsqueda de soluciones y la generación de ideas alternativas.
Nuestro país necesita urgentemente que se apruebe la Despenalización
para consumo Personal; una Ley de Prevención y Atención de las Adicciones;
Políticas educativas, y de acceso a la información, que apunten a la
prevención; un Programan Nacional de Salud para la atención Integral de
Usuarios (con tratamiento ambulatorios, y en consonancia con la Ley de Salud Mental); Discutir
estrategias de reducción de daños. Entendemos que todo esto no puede llevarse
adelante sin la participación de la sociedad en general y las organizaciones que trabajan la materia,
para el diseño de estas políticas públicas.
Por otra parte, todos los recursos que hoy la Justicia y las Fuerzas de
Seguridad destinan a un pseudo-abordaje en la materia, que es el que propone la Ley 23.737, debieran abocarse
al combate del narcotráfico. Verdadero flagelo, que requiere indubitablemente
de una política de Estado clara, la coordinación de los tres niveles de
Gobierno (Nación, Provincias y Municipios) y una voluntad política real de dar
una batalla sin trincheras.
Creemos que las organizaciones políticas también tenemos un
rol fundamental en este debate. Desde el Partido Socialista, y desde el FAP
(Frente Amplio Progresista), se viene planteando alternativas y presentado
proyectos propios sobre la materia en el Parlamento, porque estamos convencidos
que esta discusión debe ampliarse a todo el arco político.
Diferenciar el consumo del narcotráfico es el punto esencial
para comenzar a dialogar. La educación y la información son herramientas
necesarias para el debate, y las fuerzas
políticas debemos estar a la altura histórica de las circunstancias.
Grupo de Despenalización de la Juventud Socialista
Santa Fe - Argentina
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