Señor Presidente: el calentamiento global es producto de la disminución de la capa de ozono como consecuencia de la intervención de la mano del hombre, lo que genera un retroceso de los glaciares en todo el mundo. Este retroceso de los glaciares se da en un promedio de 10 por ciento en 10 años. Es decir que, al actual ritmo, en 100 años no existirán más glaciares. O sea que de persistir esta tendencia en un siglo el planeta carecerá de estos maravillosos bloques de hielo que contemplamos maravillados en Santa Cruz y que representan las últimas reservas de agua dulce del planeta. A nivel global, sólo el 3 por ciento del agua es dulce: el 97 por ciento restante corresponde a los mares y océanos. Si analizamos lo que produce el cambio climático, los modelos digitales de elevación muestran que durante los últimos 30 años, 63 de los principales glaciares en los campos de hielo en la Patagonia se han derretido y han contribuido en 42 milímetros por año al crecimiento del nivel del mar. A partir de 1995, según datos científicos concretos, el derretimiento se duplicó, lo que equivale al crecimiento del mar de 105 milímetros por año. Son datos científicos y concretos.
El calentamiento global forma parte de todas las agendas públicas de los gobiernos del mundo; de todas las reuniones de organismos internacionales. Las Naciones Unidas ha puesto en la agenda de prioridades la cuestión del medio ambiente y, dentro de ello, el tema del calentamiento global producto de la contaminación producida por la acción del hombre. Hoy estamos tratando el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados de la Nación. Y hoy estamos tratando la temática del agua.
Por una cuestión casi de sentido común me inclino claramente y de manera contundente a apoyar el proyecto de ley en revisión que viene con modificaciones de la Cámara de Diputado, por la sencilla razón de que es más protectivo que el que habíamos aprobado en el Senado, después de un esfuerzo de consenso realizado. Esta fusión de los proyectos o consensos llegados entre lo que se llamó el proyecto del senador Filmus y el proyecto del diputado Bonasso, con la articulación hecha en la Cámara de Diputados, representa un paso hacia delante. Por eso, me parece que el paso adelante real esta noche es votar el proyecto de ley de la Cámara de Diputados.
¿Qué ha pasado en todo este tiempo, señor Presidente? Porque recordemos que este debate se da en función del veto de la presidenta de la Nación. Si no hubiera habido veto el proyecto inicial de la diputada Maffei habría sido ley y los glaciares hubieran tenido una protección positiva, resguardada, de acuerdo con ese proyecto inicial. Yo veo un costado positivo en todas estas idas y vueltas que ha tenido el proyecto de ley de protección de los glaciares. El costado positivo es que verdaderamente ha disparado otro debate: el debate del cuestionamiento al modelo de la minería de los mega emprendimientos a cielo abierto. Esto es lo que verdaderamente se esta discutiendo hoy.
Así como hay un consenso en proteger los glaciares, evidentemente hay diferencias profundas en cuanto a este modelo implementado en los 90, con las características de los 90, es decir del neoliberalismo, de saqueo económico y destrucción medioambiental. Esto ha sido la característica del modelo neoliberal de los 90, vivito y coleando actualmente en los emprendimientos de minería en la República Argentina. Si hay una cosa que me ha quedado absolutamente clara en todo el desarrollo de todo este proceso, que se inicia con el veto del gobierno nacional, y después de escuchar al secretario de Minería tantas veces en las audiencias realizadas aquí en el Senado de la Nación, es que el gobierno nacional acompaña, promueve y desarrolla la minería en las actuales condiciones, que son las establecidas en los 90.
Entonces, evidentemente la lucha contra las corporaciones debe hacerse en serio. Acá parece que hay corporaciones malas y corporaciones buenas. Las corporaciones malas se combaten, las corporaciones buenas se promueven en su desarrollo. No tengo que hacer un gran desarrollo económico para demostrar esto. Estos señores, que están llevando a cabo semejantes emprendimientos mineros desde los 90 en la República Argentina, han dicho en una reciente solicitada, que es gigantesca y con un título muy grande: “Sin minerales no hay industria, no hay construcción, no hay país”. Esto es lo que dice la Cámara Argentina –son todos capitales transnacionales– de Empresarios Mineros. Estas son las costosas solicitadas que estas empresas publican en el país.
Es claro que acá se están jugando muchos intereses. Por supuesto, en el país estamos ante una realidad donde lo que se pone en juego es que somos el sexto país potencialmente dispuesto a estos emprendimientos mineros. Los informes consignan que el 75 por ciento de las áreas extractivas para la minería todavía no han sido sometidas a prospección. Entre 2003 y 2007, el total de inversiones acumuladas en el país se multiplicó por ocho: pasó de 660 millones de dólares a 5.600 millones.
Todo esto se ha hecho en el marco regulatorio de la megaminería a cielo abierto. Se ha construido un modelo en virtud del cual no hay ninguna otra actividad económica en el país que tenga los suficientes privilegios como tienen estos emprendimientos, establecidos por ley de los años 90. Me refiero a la Ley 24196, de Inversiones Mineras; a la Ley 24228, de Acuerdo Federal Minero; a la Ley 24402, y así podríamos seguir. Primero, estabilidad fiscal por treinta años desde la presentación del proyecto. Alcanza a todos los tributos, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a las empresas inscriptas, así como también a los derechos, aranceles u otros gravámenes a la importación o exportación. Segundo, tope de tres por ciento de regalía por valor de mineral en boca de mina; exención de arancel de importación bienes de capital e insumos; doble deducción de gastos de prospección, exploración, planta piloto, investigación, en el Impuesto a las Ganancias; devolución del IVA a la exploración; amortización acelerada a las inversiones, tres años; exención de contribuciones sobre la propiedad minera; eliminación progresiva de impuestos provinciales y municipales; liquidación en el exterior, hasta el 100 por ciento, de divisas de exportación; deducción por gastos de conservación de medio ambiente hasta 5 por ciento del monto del gasto de extracción y procesamiento; capitalización de los avalúos de reserva minera hasta 50 por ciento; devolución anticipada de financiamiento de IVA en importación o compra de bienes, inversiones e infraestructura; reembolso de exportaciones por puertos patagónicos.
¿Esto es gratis? Acá se ha hablado mucho de federalismo. Señor presidente: todos los argentinos vamos a pagar, de acuerdo con el Presupuesto 2011, un gasto tributario de promoción a la actividad minera, de acuerdo con la Ley 24.196, de 506,5 millones de pesos. Tenemos derecho a hablar de este tema, no solamente por las cuestiones ambientales, sino también por las cuestiones económicas que estamos poniendo sobre la mesa. No hay ninguna otra actividad económica en el país que tenga semejantes privilegios. Entonces, ¿cómo no va a disparar el debate de los glaciares el hecho de que tenemos que poner un punto de inflexión en un debate, pendiente, del Congreso argentino, acerca de este tipo de emprendimientos diseñado en la lógica de los 90 y que el gobierno nacional actual promueve, impulsa y desarrolla? Me parece importante que, a esta altura del debate, tengamos claro que éste es el punto fundamental que está en discusión.
La otra reflexión que yo quería realizar es que, en este tema también, con estas solicitadas, con este debate disparado en la ley de glaciares, el capital transnacional ha demostrado angurria. No ha sido posible avanzar en esta cuestión porque estamos hablando del agua, que es un recurso fundamental, como se ha planteado aquí, en cuanto a que es un derecho humano fundamental a preservar. Se ha planteado, con toda claridad, en este recinto, que el agua es el único bien que ha sido declarado un derecho humano, por las Naciones Unidas; que el agua es, entonces, un derecho humano vinculado con la vida. Y, frente a este derecho o, mejor dicho, ante estos dos derechos, el del agua y el de la vida, que están indisolublemente vinculados, algunos pretenden poner por encima de ello el derecho a la explotación y al comercio de un bien, que es el oro. Se han mencionado ejemplos históricos, que son contundentes. El oro y los diamantes han producido golpes de Estado, el apartheid, la explotación en el mundo. Eso es lo que ha producido la codicia del oro de los diamantes.
Esta es la historia de la humanidad, lo que nos enseña la historia. Entonces, no tenemos que plantarnos ante falsas antinomias. Lo que tenemos que hacer es una discusión seria de lo que significa el desarrollo sustentable. Y la verdad, señor presidente, es que tengo la convicción de que el sistema de explotación a cielo abierto es contradictorio con cualquier política de desarrollo sustentable. Por eso muchas provincias se han ido haciendo eco de esto. Por eso ya hay siete leyes provinciales en esta materia y ya hay provincias que lo prohíben de manera terminante. Por eso, ese es el debate que debe darse en este recinto.
Desde otra perspectiva, hace más de setenta años, Alfredo Palacios señaló que hay que conservar los bosques existentes y que, por eso, sería peligroso autorizar a un organismo que no es técnico en la materia a destruir árboles, entregando tierra a la colonización. Lo que corresponde es dictar la ley del bosque. La leña de nuestros bosques ha sido dilapidada; se ha talado sin método y sin control, olvidando que es un deber de los gobiernos mantener los bosques, en beneficio del país. Y cuando no se han sabido mantener, repoblarlos. Esto fue dicho por Palacios, reitero, hace setenta años, después de lo que sucedió en el Norte de mi provincia con La Forestal, que devastó los bosques de quebracho por la extracción del tanino. Hay que ver lo que son actualmente esos pueblos del Norte de mi provincia, como, por ejemplo, La Gallareta. La Forestal fue un país dentro de la Argentina, algo similar a lo que actualmente son los establecimientos mineros. Finalmente, sólo dejó devastación, y explotación de los trabajadores y de una de nuestras riquezas naturales: los bosques.
Por lo tanto, la ley de bosques llegó tarde, pero fue muy positiva. Y se lo debemos a la acción de la sociedad, de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones sociales, que impulsaron diversas leyes, entre ellas, la ley de bosques, y hoy, la de preservación de nuestros recursos naturales. Quiero hacer un reconocimiento a la nueva conciencia ambiental, que va creciendo en los niños y se extiende por todo el país, la cual nos da el optimismo de que, a futuro, podamos tener una conciencia ambiental diferente que, seguramente, redundará en una mejor conciencia ambiental en la dirigencia política argentina y del mundo. Por ello, la dimensión de la catástrofe ambiental está a la vista. Las Naciones Unidas, diversas organizaciones internacionales y los más grandes y prestigiosos organismos científicos del mundo han planteado este tema, y se tomó conciencia de que estamos ante los peligros más dramáticos y complejos de la historia de la humanidad. No son planteos utópicos o extremistas, sino que estamos ante peligros concretos. Y no solamente tenemos la responsabilidad ante nosotros mismos, sino también ante las generaciones futuras.
Estoy convencido de que este debate recién comienza. Esta discusión recién empieza, y deberá continuar a partir de la sanción de este proyecto. En ese sentido, debemos hacer un reconocimiento a ese camino que se inició con la movilización ciudadana en Esquel, y que continuó con la asamblea multisectorial que llamó a una consulta popular, en 2003, cuyo resultado fue negativo y significó la concreción de la primera ley provincial de este tipo de minería. En consecuencia, el bien que estamos protegiendo con esta ley, que es nada más ni nada menos que el agua, implica la defensa del ecosistema, de la verdadera fábrica de agua que son los hielos continentales.
Para finalizar, haré referencia a la historia de América latina en cuanto a la extracción de los minerales. Por ejemplo, tenemos el caso de Potosí, en Bolivia, y el de Famatina, en nuestro país, donde el oro y la plata se vieron, se ven y se verán pasar de cable carriles o ductos hacia trenes, luego hacia puertos cuyos barcos llevarán la riqueza hacia el Norte a países desarrollados. La historia no se repite, señor presidente, pero la reproducción de los mecanismos determina que hoy estemos viviendo una situación que tenemos que abordarla con toda responsabilidad, y la pregunta contundente que hoy debemos hacernos es si sabe más el oro o el agua dulce.
Se habla mucho de la responsabilidad social empresaria. ¿Cuál es la responsabilidad social empresaria que tiene un CEO de las corporaciones mineras, que le puede dar lo mismo mirar en el cine una política como Avatar que escuchar el reclamo de los mapuches, porque un ducto invade los cementerios, sus cementerios! Acá se han dado muchas cifras, se gastan millones de litros por día, es poco. Los viñateros vinieron a hablar con nosotros. Los productores agropecuarios nos decían que esos mismos litros que sirven para estas mineras son los litros que le sacan para sus emprendimientos productivos en estas provincias.
Por eso, creo que hoy damos un paso. Espero que podamos sancionar la ley más protectiva, espero que podamos dar un paso real para que después incorporemos en la agenda del Congreso Nacional el debate de la discusión de los mega emprendimientos mineros a cielo abierto, de las características vigentes actuales de los 90 que significa el modelo de saqueo y de depredación ambiental.
Quiero terminar con una canción. Con esto, no quiero parecer sentimental, pero es concreto y contundente. Es una canción de La Vela Puerca, que se llama “Potosí”, y que dice: Ahora ya no sale nada (hablando de la mina), sólo escucho la explosión que revienta las entrañas, ya cumplida la ambición, esa voz no está tan lejos, que llora necesidad, caminando en laberinto, sigue pidiendo igualdad.
Muchas gracias
"La Anses tiene un superávit anual de 54 mil millones y llevar el haber mínimo al 82 % significará una erogación de 22 mil millones de pesos al año. Este monto es similar al que se gasta anualmente en subsidios a los sectores pudientes para el gas y la electricidad; es la mitad de lo que se le pagó al FMI y representa una cifra menor a lo que se le pagará al Club de París". Con esta frase el Senador Nacional, y presidente de nuestro partido, Rubén Giustiniani dio sobrados fundamentos de porqué es viable este proyecto, y el no sostenerlo obedece a una definición política del oficialismo.
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