Declaración de juventudes políticas
de la ciudad de Santa Fe
Marcha Mundial de la Marihuana
Santa Fe, Mayo de 2014
Introducción
Desde 1999, el primer sábado del mes
de mayo se lleva a cabo la Marcha Mundial de la Marihuana. Hasta la
fecha, ciudadanos/as de más de 700 distritos del mundo han adherido
a la iniciativa mediante la realización de manifestaciones públicas
y pacíficas que tienen por objeto un reclamo común: poner fin a la
criminalización, estigmatización y persecución de los/as
cultivadores/as y usuarios/as de marihuana para destinarla al consumo
personal.
Por tercera vez consecutiva , vecino
/as de Santa Fe han adherido a la Marcha Mundial, organizando una
movilización por las calles de la ciudad, reproduciendo las
consignas globales y aportando también su propia visión del tema,
atendiendo no solo a la realidad local de su propia jurisdicción,
sino también a la historia y coyuntura provincial y nacional.
Crisis del paradigma de la
prohibición-penalización
En Argentina, tras 25 años de
aplicación de la Ley Penal de Estupefacientes N° 23.737 estamos en
condiciones de evaluar si el paradigma de la
prohibición-penalización, que persigue y condena la simple tenencia
para consumo personal, produjo resultados satisfactorios, atendiendo
a dos de los objetivos parlamentarios invocados al momento de
sancionarse la ley en 1989: a) Reducir niveles de consumo de drogas
ilegales; y b) Combatir el tráfico de estupefacientes.
En líneas generales, los estudios
cuantificados y no cuantificados llevados a cabo por organismos
públicos nacionales e internacionales (SEDRONAR; PROCUNAR; ONUDD;
JIFE) indican un crecimiento sostenido en el consumo de
estupefacientes en Argentina, siendo la marihuana la droga ilícita
más difundida en nuestro país y la Región.
Por otra parte, un estudio de la
PROCUNAR apunta que solo un 3% del total de las causas por infracción
a la ley 23.737 del fuero federal son para investigar delitos conexos
vinculados al narcotráfico e incluso el lavado de dinero,
evidenciando con ello una clara selectividad por parte del sistema
penal en relación al último eslabón de la criminalidad organizada
y compleja: el/la consumidor/a.
Como si ello fuera poco, el citado
estudio recuerda que la CSJN, a partir del dictado del fallo
«Arriola», ha descartado la «criminalización del consumidor» al
establecer la inconstitucionalidad de la prohibición de la tenencia
para consumo personal, a su vez instando a los tribunales inferiores
a una política de despenalización. A pesar de ello, las fuerzas de
seguridad nacionales y provinciales continúan realizando detenciones
por tenencia de estupefacientes para consumo, contribuyendo a la
generación de expedientes judiciales sobre los cuales fiscales y
jueces terminarán ajustándose al criterio antes mencionado.
En consecuencia: desde hace 5 años,
nuestro sistema continúa concentrando la mayor parte de sus
esfuerzos y recursos económicos en perseguir los actos de consumo
personal que no traen «aparejado un peligro concreto o un daño a
derechos o bienes de terceros». El estudio concluye en este punto,
sosteniendo que entre el 60% y 80% de los casos derivan, atentos a la
declaración de inconstitucionalidad, en la absolución de los/as
imputados.
Planteamos algunos interrogantes: ¿Es
la cárcel el espacio institucional más adecuado para que una
persona que presenta síntomas de adicción compulsiva pueda
recuperarse, tal como lo dispone la Ley 23.737? ¿Por qué, a
diferencia de la marihuana u otras sustancias, no se restringe o al
menos se desalienta con mayor determinación, el consumo de tabaco y
alcohol siendo estás sustancias adictivas nocivas para la salud
humana? ¿Cuáles son los motivos por el cual la política criminal
se orienta más hacia la persecución y castigo del delito de los
débiles ignorando correlativamente la criminalidad de los poderosos?
Un debate necesario
Evidenciado que el paradigma de la
prohibición-penalización no resuelve el problema de fondo, debemos
abocarnos a pensar nuevas estrategias de abordaje en lo que refiere a
los casos de tenencia, consumo y tráfico de drogas en nuestro país.
Y sin ánimo de agotar las respuestas, insistimos en debatir
responsablemente la despenalización del cultivo y tenencia de
marihuana para consumo personal.
Nuestro vecino país Uruguay viene
mostrando un posible camino en este sentido, optando por legalizar
abiertamente el consumo y el expendio de cannabis, no solo atendiendo
a cuestiones conceptuales en relación a las libertades individuales,
sino como un claro mensaje del Estado en su lucha contra el
Narcotráfico, como así lo han planteado sus autoridades públicas.
En nuestro país, tenemos el derecho y el deber impostergable de
generar las condiciones para producir nuestro propio debate.
Un debate hacia un nuevo paradigma con
un enfoque interdisciplinario destinado a fortalecer las políticas
públicas que garanticen la educación y la prevención, y en los
casos que sea necesario, la asistencia para encarar un tratamiento en
el sistema de salud. Y que los esfuerzos del sistema punitivo se
concentren en la lucha contra el crimen organizado.
Por todo esto, hoy marchamos y
proponemos:
1. Exhortar a las autoridades publicas
a respetar la doctrina sentada en el Fallo Arriola que despenaliza la
tenencia para consumo personal, reformando los artículos mas
cuestionados de la Ley Nacional N° 23.737, e instar a la autoridades
públicas a promover el debate sobre el autocultivo de marihuana para
consumo personal.
2. Impulsar el diseño e implementación
de iniciativas nacionales y provinciales para la atención universal,
integral y gratuita de personas dependientes de sustancias
psicoactivas. Incluyendo servicios de prevención, tratamiento,
rehabilitación, reducción de daños y re-integración social,
desarrollando asimismo tratamientos ambulatorios y dispositivos
alternativos a la desintoxicación. Todo ello asegurando mecanismos e
instancias de participación social en los programas y proyectos
elaborados a tal fin.
3. Continuar desarrollando y ampliando
la focalización de los programas y proyectos de inclusión y
permanencia en el sistema educativo y de accesibilidad al empleo
joven.
4. Apuntalar y respaldar el trabajo de
fiscales y jueces probos y comprometidos con el impulso de
investigaciones y juicios contra la narcocriminalidad.
Juventud CC-ARI / Movimiento Evita / Paco Urondo / Juventud PARES / Juventud Socialista/ Juventud SI / Juventud Radical / MNR Litoral
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