jueves, 6 de noviembre de 2008

Sobre bajar la imputabiidad penal a 14 años decimos: SER JOVEN NO ES DELITO

Antes de hablar de IMPUTABILIDAD, hablemos de INCLUSIÓN SOCIAL. Sin políticas públicas y excluyendo a más del 40% de los jóvenes el discurso de la punibilidad pone en evidencia la ineficacia y demagogia a la hora de pensar políticas públicas que reviertan el problema de la inseguridad.

Ante las opiniones que se dieron a oír desde diversos sectores políticos acerca de impulsar la reducción de la edad de imputabilidad, las y los jóvenes socialistas de la ciudad de Santa Fe creemos que es fundamental que las juventudes argentinas seamos voces claves en un debate donde parece que ser joven y pobre es delito.

Personalidades altamente calificadas como Carmen Argibay, Elías Neuman y Ma. del Carmen Falbo ya se han manifestado públicamente señalando que "la solución frente a la inseguridad no está en bajar la edad, ni en subir las penas" y enfatizaron en que "los responsables son los adultos que han abandonado a los menores" vedándoles entre otros derechos, el acceso a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo y la vivienda.

En nuestro país la extensión de la pobreza es particularmente grave en el grupo entre 15 y 18 años de edad, donde la proporción de jóvenes pobres alcanza al 40% y el 13,2% viven en hogares que no logran completar los ingresos necesarios para la adquisición de alimentos que garanticen el consumo nutricional necesario según los especialistas de la salud. Asimismo la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacan que los problemas más acuciantes que enfrentan las y los jóvenes en nuestro país son la pobreza, la marginalidad, la desocupación y la exclusión social.

Ante esta situación creemos es fundamental recordar las obligaciones a las que el Estado se ha comprometido internacionalmente (entre otras la Convención de Derechos del Niño y las Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil) que dan respuestas integrales para el abordaje de la niñez, la adolescencia y el delito pero en clave de derechos. Asimismo solicitamos se incorporen nuevas herramientas de derechos como la Convencion Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, la ley provincial de protección integral de niños, niñas y adolescentes y se asignen partidas presupuestarias acordes a una política social que incluya y proteja la niñez y la juventud en lugar de estigmatizarla y condenarla.

Creemos mentiroso e irresponsable reducir la discusión de un tema tan profundo como el de la inseguridad, de clara raíz social, a bajar dos años más o dos años menos la imputabilidad. Vemos con mucha preocupación este rebrote de las recetas Blumgberianas, que tuvieron eco en nuestra legislación penal aumentando penas a ciertos delitos cuyas tasas no bajaron. Quien delinque no anda con el código penal debajo del brazo. Las recetas de "mano dura" caen por su mismo peso cuando analizamos que las tasas de delictuosidad son totalmente proporcionales al aumento de la brecha entre quienes más tienen y quienes menos tienen. Nuestra propuesta es a recuperar el valor de la vida de los niños y jóvenes, porque como dice Argibay "estos chicos tienen la noción de que su vida no vale nada, absolutamente nada. Entonces si su vida no vale nada, la de los otros tampoco y no tienen reparos (en atentar contra la vida de sus semejantes), pero esto es todo falta de atención, de educación" del mundo adulto.

Juventud Socialista
Ciudad de Santa Fe

domingo, 2 de noviembre de 2008

Actividad del PS: Charla-Debate sobre Presupuesto 2009 y traspaso de las AFJP al Estado

Las/os compañeras/os socialistas de la Seccional Primera de la ciudad de Santa Fe invitamos a participar de la charla-debate que realizará el Diputado Nacional por la Provincia de Santa Fe, Bioq. Miguel Barrios, sobre los siguientes temas:

I) Presupuesto Nacional para el año 2009;

II) Proyecto de Ley de Estatización de A.F.J.P. (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones).


La misma se realizará el día lunes 3 de Noviembre de 2008, a las 20 hs, en el local partidario de la Seccional Primera, en calle Mendoza 3022, de la ciudad de Santa Fe. Esperamos contar con su presencia.

Partido Socialista, Seccional 1ª
Ciudad de Santa Fe.

Cafayate será la sede del nuevo campamento de los jóvenes socialistas, “Enero 2009”

Felicitaciones a los compañeros de la juventud y el MNR de Salta que han hecho un trabajo impecable para ser los elegidos en organizar nada más ni nada menos la XX edición del Campamento de la Juventud Socialista, Enero 2009.

En estos Eneros, los/as jóvenes socialistas de todo el país, junto a jóvenes interesados en participar de unas vacaciones diferentes, intentamos realizar una integración entre recreación y actividad política. La participación de jóvenes provenientes de todo el país permite intercambiar experiencias y puntos de vistas diversos a través de los talleres y paneles, siempre con una mirada joven de la realidad nacional.

En cada Campamento de Enero cumplimos con nuestro objetivo de discutir y avanzar en el ideario socialista, a través de charlas, talleres, paneles y actividades solidarias, sin dejar de lado la recreación, el sol y visitas a un nuevo lugar del país.

La fecha estimativa para llevarse adelante este evento sería desde el 5 al 11 de Enero (a confirmar). Esperamos les sea de interés, y ante la inquietud de ser parte del enero o evacuar alguna duda al respecto comunicate con nosotros a
juventudsocialista_sf@hotmail.com.

Saludos.
Juventud Socialista Ciudad de Santa Fe

sábado, 27 de septiembre de 2008

Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas

El 23 de Septiembre se conmemoró el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que fue establecido por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en enero de 1999, en consonancia con la promulgación en nuestro país de la Ley 9.143, “La Ley Palacios”, primera norma en el mundo contra la prostitución infantil.

El Tráfico y Trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual es la nueva esclavitud de nuestra era. Anualmente son ingresadas a la prostitución alrededor de 4.000.000 de mujeres, niñas y niños en el mundo, un negocio que mueve montos que rondan en los 32 millones de dólares.

Las mujeres, los niños y niñas son especialmente vulnerables, y las redes y mafias encuentran en su indefensión y situación de precariedad la ocasión propicia para explotarlos sexualmente, a través de la prostitución, de redes de turismo sexual y de cualquier otra forma de vulneración de los Derechos Humanos.

La Prostitución y la Trata son ambas manifestación del maltrato, la violencia, la discriminación y marginación que se ejerce sobre las mujeres, las niñas y los niños con la complicidad de funcionarios públicos, las fuerzas de seguridad, la Iglesia y los medios de comunicación.

Estadísticas oficiales sitúan a la Provincia de Santa Fe como el segundo territorio de la República Argentina proveedor de mujeres, niñas y niños a las redes de trata. Esto debe llamar a la sociedad toda, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que se alerten, se interesen, se comprometan y se expresen en contra de todas las formas en que se manifiesta la violencia de género, buscando promover política de visibilización, sensibilización y erradicación de las causas y consecuencias de esta problemática.

Por último, quisiéramos destacar el compromiso y la lucha de todas las feministas argentinas que se sumaron a la CAMPAÑA 2008: “NI UNA MUJER MÁS VICTIMA DE LAS REDES DE PROSTITUCIÓN”, y que más quisiéramos que acciones como estas alienten esfuerzos para que una sociedad con violencia de género, inequidad y desigualdad entre mujeres y varones no tenga lugar.

BASTA DE ASESINATOS Y DESAPARICIONES DE MUJERES Y NIÑAS:
¡LAS ESTAMOS BUSCANDO, LAS QUEREMOS CON VIDA!

lunes, 22 de septiembre de 2008

21 de Septiembre: Día de festejo, día de reflexión.

El Día del Estudiante, que se festeja cada 21 de septiembre, por la repatriación de los restos del educador Domingo F. Sarmiento, en coincidencia con el Día de la Primavera, es una fecha para reflexionar sobre cuestiones que trascienden el mero festejo con espectáculos en vivo y al aire libre, o la reunión con amigas y amigos para disfrutar en espacios públicos y abiertos.
El Día del Estudiante debe su origen a la iniciativa, del por aquel entonces estudiante y presidente del centro de estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, Salvador Debenedetti en 1902. Su propuesta fue aceptada en un principio por la Facultad y luego extendida a todo el país.
Esto nos lleva a pensar que el origen del Día del Estudiante debe pensarse en clave de una la de una de las tantas luchas de los Movimientos Estudiantiles. A lo largo de la historia las y los estudiantes, de nuestro país y de todo el mundo, han sido protagonistas de transformaciones en materia de educación, cultura y política, marcando su impronta.
No podemos dejar de recordar momentos trascendentales de la organización estudiantil argentina en el siglo XX, como:


* En junio de 1918 los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba llaman a huelga general y se abre el camino hacia la Reforma Universitaria, una transformación de las estructuras, contenidos y fines de la Universidad Pública, que se extendió a lo largo y a lo ancho de Latino America, reconocida internacionalmente como el origen del movimiento estudiantil organizado.

* El 16 de septiembre de 1976 ocurre el secuestro y la desaparición de militantes estudiantiles secundarios que luchaban por el boleto estudiantil en la ciudad de La Plata, suceso que se conoce como la "Noche de los Lápices".

El Día del Estudiante es la fecha oportuna para homenajear a las y los estudiantes que se interesan y comprometen con la realidad, que se organizan y luchan por sus derechos en Escuelas y Universidades, que con carteles, pancartas, pasacalles, graffitis, afiches y volantes se expresan.

"Los dolores que quedan son las libertades que faltan" - Manifiesto Liminar. Cordoba, 1918.

jueves, 28 de agosto de 2008

Conflicto Agropecuario. Consecuencias de los 120 días que nunca debieron ser.


La política argentina es única en el mundo y nunca dejará de sorprendernos. Cuando el actual gobierno de la presidenta C. F. de Kirchner daba sus primeros pasos, allá por diciembre del año pasado, ni el más pesimista de los análisis políticos de aquel momento pudieron anticipar que un reclamo, que comenzó siendo de corte netamente sectorial, terminaría desembocando en un conflicto político y económico, que desató un estado social de crispación, y desgastó terriblemente la imagen presidencial.

Tal cual dijimos hace unos meses en la primer nota publicada en nuestro Blog, nos cuesta creer que viviendo en un país donde un gobierno elegido por el 46 % de los votos, que cuenta con U$S 50.000.000.000 en reserva, con el 8% de desocupación (según indican datos oficiales del INDEK), y en donde la economía crece sostenidamente desde hace cinco años, se pueda llegar a estos niveles de conflicto. La histeria colectiva, desencadenada por la confrontación, hizo que los ejes que verdaderamente desnudó dicha disputa se los corriera de lugar, para terminar banalizando la discusión en la pelea por quién tenia más carpas instaladas en la Plaza de los Dos Congresos (con partido de rugby, plasmas 29 pulgadas, play station y toro “Alfredito” mediante).

Es notable la falsa e intencionada polarización que se instaló frente al conflicto. A lo largo de cuatro meses se abordó el problema como si todo el tiempo hablaban de un Boca-River: de un lado estaba “el Gobierno”, y del otro “el campo”; y en esto fue clave el rol que protagonizaron los medios masivos de comunicación, que jamás tuvieron la intención de aportar claridad en el manejo de la información, mostrándonos una versión “Billiken” del conflicto, más cercana a los vaivenes de un Reality Show, que a la seriedad del análisis que merecía el caso. Si bien exceden las pretensiones de este artículo, es para analizar con detenimiento el rol estratégico de estos mismos medios de comunicación sobre el control de la opinión pública, ya que desde su pretendida (y ya casi burda) independencia, se constituyen en un formidable instrumento de control social, con poder de lobby a favor de los sectores concentrados de la economía y gran capacidad de presión.

Desde el Partido Socialista históricamente se han acompañado los reclamos de los pequeños y medianos productores. Fue a instancias de Juan B. Justo, pionero en el estudio del problema agrario en la República Argentina, que el PS aprobó en 1901 un “Programa Agrario” muy avanzado para la época, que daría inicio a la legislación agraria argentina. Dicho programa planteaba el combate contra el latifundio y la concentración de la tierra, junto a la consecuente promoción de una clase de pequeños propietarios, como los elementos centrales en la estrategia socialista para abordar la cuestión agraria.

Frente al problema puntual de las retenciones, como socialistas, siempre planteamos ser partidarios de “avanzar hacia un esquema de retenciones diferenciales y progresivas, que reconozca las asimetrías existentes entre los grandes pooles de siembra y fideicomisos financieros que administran miles de hectáreas, y los pequeños y medianos productores, muchos de ellos nucleados en entidades cooperativas, que históricamente han cimentado el desarrollo económico y social del interior del país, resguardándose al mismo tiempo el consumo interno, especialmente de los sectores de menores ingresos. Asimismo, deben tomarse medidas que garanticen la justicia distributiva en lo recaudado, que deben contemplar necesariamente un criterio verdaderamente federal que le permita al Estado en sus diferentes niveles–provincial, municipal y comunal– llevar el bienestar a sus ciudadanos”, tal cual reprodujo la última declaración del Comité Ejecutivo Nacional del PS sobre el tema.

El país de las falsas consignas y las medias verdades.

¿A favor o en contra de la retenciones? ¿Con el gobierno o con el campo? ¿Gobierno Popular vs Oligarquía? ¿Gobierno Popular vs Golpistas? Los últimos cuatro meses estuvieron signados por opiniones plagadas de falsas consignas, medias verdades y dicotomías inexistentes.

Por el lado del Gobierno Nacional, la pelea con el sector agropecuario desnudó muchas cosas que hasta ese momento venían tapadas. Por ejemplo, cómo (no) se redistribuye la riqueza en nuestro país, cómo se reparte, quiénes la acumulan y quienes la ven pasar. Sacó a la luz la nefasta política agraria impulsada por el modelo Kirchnerista, y para describirla citamos a Ulises Forte, vicepresidente de Federación Agraria Argentina: “Tenemos alguna disidencia con lo que plantean algunos colegas, que creen que este país no tiene política agropecuaria. Nosotros decimos que sí la tiene, y viene desde hace mucho tiempo atrás: es la de una concentración descomunal de la riqueza. Ahora se están cuestionando los “Pools de siembra” pero durante cinco años se los fomentó y también a la patria financiera para cultivar soja”.El doble discurso oficial pasa por la hipocresía de instalar el eje de la redistribución de la riqueza, pero manteniendo las exenciones impositivas a los fideicomisos financieros, figura que se utiliza para instalar los Pools de Siembra. Léase mas claro: quienes màs ganan son los que menos pagan. Eso es, lisa y llanamente, concentración de riqueza, de la que el Sr. Urquía (Senador Nacional del Frente para la Victoria, por Córdoba), dueño de la Aceitera Gral. Deheza, una de las más grandes del país, es un fiel exponente.

Y otro tanto por el lado del sector agropecuario. Nos cuesta entender que la entidad agropecuaria que históricamente ha defendido los intereses genuinos de pequeños y medianos productores, como la Federación Agraria Argentina, se haya aliado a verdaderos representantes de la “alta aristocracia nacional” nucleados en la Sociedad Rural Argentina, que poseen un dudoso concepto de la democracia, tal cual dejó entrever el vicepresidente de dicha entidad, Ricardo Buryaile, cuando declaró la necesidad de “disolver el congreso” si es que éste ratificaba la polémica Resolución 125. Este tipo de manifestaciones, de una peligrosa esencia antidemocrática, deja en evidencia que la SRA solo defendía la quita de las retenciones móviles para preservar sus privilegios económicos de clase. Lo paradójico de la realidad es que a casi 100 años de cumplirse el “Grito de Alcorta”, las organizaciones que fueron protagonistas de ese hecho trascendental para la época (los pequeños y medianos productores que dieron nacimiento a la FAA, enfrentados a los grandes terratenientes de la SRA) hayan unificado el reclamo, lo que antaño hubiese sido impensado. La irracionalidad del planteo y las estrategias para combatirlo sólo obtuvieron como saldo final que los grandes beneficiados por el conflicto (que nuevamente son “los beneficiados de siempre”) fueran los grandes concentradores de tierra y las cerealeras multinacionales, teniendo en cuenta que de los 75.000 productores sojeros que hoy existen en el país, menos de 3.000 concentran el 54% de la producción y los 72.000 restantes tienen el resto.

Pero hubo otras discusiones de fondo que tampoco se quisieron dar: el aniquilamiento de nuestra soberanía alimentaria es una. Hoy la soja es la vedette de las oleaginosas, por ser el commoditie más rentable. Los capitales especulativos, en estos últimos años, se han dedicado a invertir en Soja. Eso acarreó más “sojización”, el corrimiento de la frontera agraria (se han desmontado bosques y se quitaron tierras destinadas al pastoreo para sembrar ese “yuyo”), que produjo -y produce- efectos nocivos sobre la tierra, propios del monocultivo, provocando en muchas localidades del interior una profunda migración de campesinos a la ciudad, por ser este un cultivo que requiere de poco personal para trabajarlo y tiende a concentrar la tierra, dando inicio a la llamada “agricultura sin agricultores”. Al producirse soja y nada más que soja, perdemos capacidad de ser un país que elabora una multiplicidad de cultivos, que tenga como objetivo primordial el autoabastecimiento en primer lugar, y la posibilidad de exportar otros alimentos, en segundo lugar. Por eso, cuando hablamos de soberanía alimentaria, cuando hablamos de concentración de la tierra, o cuando hablamos de los “nuevos sujetos agrarios”, necesariamente hablamos de lo imperioso de discutir una Reforma Agraria en nuestro país.

Argentina y el Reino del Revés (2º Parte).

En nuestro primer numero de la revista “La Vanguardia Joven”, allá por noviembre del año 2006, ya hablábamos de la Argentina y el reino del revés. Casi como un fatalismo, alejado de esa frase que hizo famoso a un presidente reciente cuando dijo que los argentinos “estamos condenados al éxito”; vemos con preocupación que el reino del revés que citamos en esa oportunidad siga reproduciéndose incesantemente, tomando como ejemplo màs claro de esto, que por primera vez en la historia de la política mundial un vicepresidente al que le toca desempatar en una reñida votación, lo hace en contra de su propio Gobierno.

Hoy las consecuencias del “Cletazo” tras la derogación de la famosa Resolución 125 son muchas, pero una de las màs claras es que la supuesta hegemonía que exhibía el gobierno hasta principios de este año ya no es tal, y empezaron a evidenciare las primeras fisuras en el Frente para la Victoria. El debilitamiento que sufrió el gobierno frente al resultado de la votación determinó la salida del Jefe de Gabinete Alberto Fernández, uno de los funcionarios que se autoproclamaba “iniciador del espacio kirchnerista”, y fuertes cuestionamientos desde diferentes sectores al papel que juegan personajes como el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

Pero en este reino del revés, cuando por primera vez en mucho tiempo se da una situación propicia para discutir seriamente una redistribución equitativa de la riqueza en nuestro país se lo hace con muy poca seriedad, con propuestas de corto alcance y ejes mal planteados, ya que el efecto real que hubiera tenido la ratificación de la Resolución 125, iba a favorecer a las grandes cerealeras (Cargill, Monsanto, etc), en desmedro de los pequeños y medianos productores, pero la demostración objetiva de que el tema estuvo mal planteado desde el inicio es que sin esa ratificación las multinacionales igual se vieron favorecidas. Siempre dijimos que si bien hoy este gobierno goza de una situación macroeconómica favorable, sustentada por la alta rentabilidad en la exportación de granos y carnes por la creciente demanda internacional, observamos con preocupación que los sectores de mayor acumulación de riqueza sean los mismos que usufructuaron la matriz económica de los ‘90.

Creemos que se ha dejado pasar una buena oportunidad para discutir una política agraria sustentable de mediano y largo plazo, alejada del monocultivo de soja; para avanzar sobre la necesidad de reformular este sistema impositivo regresivo, que cobra el 21% de IVA tanto a la harina, como a las joyas de oro y plata, pero que exceptúa de pagar Impuestos a las Ganancias a Repsol-YPF; y también para empezar a ejercer un federalismo realmente representativo, ese mismo que garantiza nuestra Constitución Nacional, y no una hipercentralización en las decisiones de gobierno, ya que con ese mismo criterio es que se distribuyen discrecionalmente los recursos a Gobernadores e Intendentes “alineados”, sin respetar las asimetrías necesarias para garantizar equidad, que debería regir en un Presupuesto Nacional y en una Coparticipación acorde a las circunstancias.

Pero la “fiesta” continúa y no vemos verdaderas intenciones de redistribuir, ya que no se siguió avanzando hacia una modificación impositiva sobre otros sectores de fuerte concentración, tal como la Industria Minera, altamente extranjerizada, que posee subvenciones al precio de la energía, y con una ausencia total de controles por parte del Estado. Lo mismo podríamos decir de la Renta Financiera que recién en estos días empezó a discutirse la posibilidad de gravarla, lo cual no deja de ser bueno, pero pareciera ser más una cuestión de circunstancia política posterior a la derrota en el senado, que una cuestión de conceptos o de un lineamiento que comprendía la agenda de este gobierno.

Nos queda claro que en estos 120 días de conflicto fueron muchas las mentiras que sistemáticamente se reprodujeron desde el poder central. Cuando el conflicto recién comenzaba, el Gobierno Nacional aducía que las retenciones móviles se afectarían a mejorar la distribución de la riqueza, ya que las mismas son, en si mismas, “redistributivas”; luego se argumento la cuestión ambiental; mas tarde se dijo que se implementaban para “proteger la mesa de todos los Argentinos”; después se los escucho decir eran necesarias para construir Hospitales, Dispensarios y caminos rurales; y por ultimo, en este camino de dichos y desdichos, el ex presidente ligó la suba de las retenciones con los compromisos del país en materia de deuda externa. Ahora, lo que nunca terminó por quedar claro es ¿Cuál era el verdadero destino del dinero de las retenciones móviles?

Mientras no se profundicen estas discusiones, mientras no empecemos a hablar de un cambio profundo y progresivo en la raíz de nuestro sistema tributario, la redistribución de la riqueza será solo una expresión de deseos. Por eso creemos que fue mentiroso instalar el eje de la redistribución frente a la aprobación o no de la resolución 125, ya que las retenciones móviles, en si mismas, no redistribuyen nada, pero si creemos imprescindible el debate de cómo captar la renta extraordinaria y también cómo usarla, ya que de no ser así seguiremos viviendo en un país cada vez más rico pero cada vez más injusto.

Ese es el camino que, entendemos, debería tomar el gobierno. Abandonar ese estilo caudillesco y miope, que le impide convocar a espacios plurales, como puede ser el Consejo Federal Agropecuario, ampliado a los gobernadores, y dialogar con los distintos actores sociales y políticos que tiene nuestro país tal como lo propuso el gobernador Hermes Binner, para de esta manera poder consensuar una Reforma Agraria con lineamientos de mediano y largo plazo. Se hace imprescindible profundizar este debate sobre qué hacer con la riqueza en nuestro país, si es que verdaderamente queremos mayor igualdad y justicia. Si es verdad que esto tiene prioridad en la agenda del gobierno nacional, solo hace falta voluntad política, y por lo que hasta aquí hemos visto esta voluntad, al menos por ahora, no existe.

Juventud Socialista
Agosto de 2008


Fuentes :
Declaración política del CEN: “El Partido Socialista y la cuestión agropecuaria”
“El “yuyo” que no quisieron podar” - http://www.criticadigital.com.ar/
"La cuestión agraria" - Juan B. Justo
"Política de desarrollo agropecuario" - Propuesta de diez puntos del Gobernador Hermes Binner
Intervención parlamentaria de Senador Rubén Giustiniani - Presidente del PS

martes, 22 de julio de 2008

Intervención del Senador Ruben Giustiniani en el tratamiento de la Resolución 125

Señor presidente: Está en tratamiento el proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados por el que se ratifica la Resolución 125, se delegan facultades al gobierno nacional para la aplicación de los derechos aduaneros y se establecen las compensaciones a pequeños y medianos productores.

El país está en una situación especial y nuestro país conoce de situaciones especiales. Estamos en primer lugar ante un conflicto del gobierno nacional con el sector agropecuario, pero que dejó de ser la crisis del gobierno nacional con un sector para expresarse también como una crisis entre el gobierno nacional y las provincias, porque se ha puesto en el debate, en la agenda o arriba de la mesa un tema que no se había tratado en la dimensión que se está tratando en este momento, como es el de la coparticipación federal, de la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias. Por otra parte, hay un tercer tema, no menos importante, que es el de un estilo de gobernabilidad que se ha evidenciado durante el conflicto. No estoy hablando de temperamentos, sino de un modo de gobernar, en democracia.

Estos tres aspectos – conflicto entre gobierno y campo; relación Nación-provincias; y estilo de gobierno- se tocan en la Resolución 125. La naturaleza de este conflicto es evidentemente bastante compleja, y al no haber sido entendida de entrada por el gobierno nacional, ha profundizado el conflicto. Tenemos que reafirmar que de este tratamiento en el Congreso de la Nación no tiene que salir nadie derrotado. Nadie busca la derrota del gobierno nacional o el debilitamiento por perder una votación a fin de que el proyecto no avance.

En mi caso, representando a mi pueblo de la provincia de Santa Fe y al Partido Socialista, dejo sentado que, al afirmar que no debemos darle sanción definitiva al proyecto de la Cámara de Diputados, hemos sugerido una serie de propuestas y modificaciones. Quiero mencionar algunas cuestiones que es fundamental que queden claras en este recinto. Estamos de acuerdo con las retenciones como una herramienta de política económica, pero las retenciones en sí no son progresistas. Las retenciones en sí no distribuyen el ingreso. Las retenciones se aplican en treinta y nueve países en el mundo en este momento. Por ejemplo, en Ucrania y Rusia en materia de cereales, países que no tienen gobiernos ni de izquierda ni progresistas. En Colombia y en Guatemala con la cuestión del café. En Guatemala, hubo un cambio de gobierno y ahora sí hay un gobierno — el de Álvaro Colom— que es progresista, aunque el anterior era de derecha, como lo es el de Colombia.

Entonces, es claro que esto hace a la racionalidad económica de desacoplar los precios internos de los precios internacional y de capturar una renta extraordinaria. Pero, evidentemente, es fundamental el debate de cómo se usa esa renta y cómo se distribuyen esos recursos. Es muy importante entonces que se hayan disparado distintos debates de la mano de la discusión de la Resolución 125, como el tema de la distribución del ingreso. No es un tema que estaba entre las prioridades en la agenda del gobierno nacional, porque la primera cuestión para encarar la distribución del ingreso es una reforma tributaria integral que revierta el carácter regresivo y asimétrico del actual sistema tributario, algo que el gobierno ha pateado para adelante año tras año. La distribución del ingreso se produce fundamentalmente a través de las reformas tributarias que disminuyen los impuestos indirectos que gravan fundamentalmente el consumo de los sectores populares y se suben los impuestos directos a la renta y a la ganancia. Esto es algo que sabe todo el mundo y que aplican gobiernos progresistas y los países desarrollados en la marcha de una economía más pujante.

Por eso, cuando vemos la resultante económica-social en la República Argentina en los últimos años debemos hacer una reflexión. Evidentemente no es fácil hacer una reforma tributaria de esta naturaleza. Toca intereses, genera conflictos y, evidentemente, tiene que haber un gran consenso para llevarla adelante.

Pero si vamos a los números, nos damos cuenta de que es un país que creció y ha tenido un gran éxito macroeconómico; cinco años y medio de crecimiento sostenido de la economía a tasas inéditas en nuestra historia económica. Sin embargo, a la par de eso, y de un descenso de la desocupación, la pobreza, la indigencia, observamos que las brechas de desigualdad se mantuvieron relativamente inalteradas. Según datos del INDEC, la brecha entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre de la población es hoy 28,7 veces, cuando hace diez años, en 1998, era de 22,8 veces. En 1975, cuando empieza el cuarto de siglo que llega hasta nuestros días, caracterizado por la aplicación de políticas neoliberales que, junto con las dictaduras en toda la región, generaron la catástrofe económico-social que padecemos, dicha brecha era de sólo 9,5 veces. Y si se considera además la subdeclaración de ingresos de los sectores más acomodados, una práctica bastante habitual, la brecha asciende a 35,5 veces. Es decir que mientras el 10 por ciento de la población tiene el 34,4 por ciento del ingreso, el 10 por ciento más pobre sólo tiene el 1,2 por ciento. Y considerando el período 2003-2007, de cada 100 pesos nuevos generados, el 30 por ciento más rico se apropió de 62,5 pesos y el 40 por ciento más pobre de sólo 12,8 pesos.

Y ¿quién se quedó con esa renta, con ese dinero? No es tan difícil de responder, ya que vamos a dar argumentos que, con total autoridad, indicarán desde dónde hay que producir la distribución del ingreso. Entre las diez primeras empresas que más exportan en la República Argentina—según un artículo que se llama "Las dueñas de los dólares" que publicó el diario Crítica del 6 de julio—, siete pertenecen al complejo aceitero-cerealero. En el puesto número uno está Cargill, aceitera que en 2007 exportó por 4.094 millones de dólares, con un porcentaje de aumento del 65 por ciento respecto al año anterior. La segunda fue YPF, que lo hizo por 2.692 millones. En el tercer y cuarto lugar, se encuentran Bunge y LCD Argentina, una aceitera y una cerealera.

A este panorama hay que agregar que el 72 por ciento de las empresas que más venden sen Argentina son de capital extranjero, lo que demuestra la fuerte extranjerización de las empresas en la República Argentina. En efecto, 360 de las 500 empresas líderes que se quedaron con la principal renta en nuestro país, son extranjeras. Entonces, cuando se habla de modelo, tenemos que discutir cosas mucho más profundas que los cuatro pilares en que se asentó dicho modelo y que dieron un funcionamiento macroeconómico exitoso: superávit externo alto, dólar alto, retenciones y superávit fiscal alto. Estos cuatro pilares generaron un funcionamiento macroeconómico exitoso de tasas chinas, pero que hoy empieza a encontrar fisuras. No nos queda por ello ninguna duda con las exposiciones de los funcionarios nacionales en el Senado —sobre todo, después de escuchar al Secretario de Comercio, Guillermo Moreno— de que la Resolución 125 tuvo una motivación fiscal, derivada del crecimiento descontrolado del esquema de subsidios y de los vencimientos de la deuda que el propio ex – Presidente ha reconocido.

Entonces, si aludimos a la redistribución del ingreso, tenemos que hablar también de los servicios públicos privatizados que siguen con la lógica de los 90. Dando subsidios de la manera en que se dan y subsidiando a los ricos con el gas, la electricidad, el agua y el transporte, no se hace redistribución del ingreso; eso no es distribución del ingreso. No se trabaja de esa manera para sacar a la gente de la indigencia y de la pobreza. Y para un país progresista, que tiene que plantearse un ingreso mínimo garantizado y políticas sociales universales, es un absurdo, una afrenta, pagar doscientos pesos de planes sociales. Además, tenemos que darle la movilidad a los jubilados porque si ellos en la República Argentina, después de cinco años y medio de este superávit fiscal, no tienen la movilidad que por derecho constitucional les corresponde, no hay redistribución del ingreso posible en la República Argentina.

Por eso, nos parece positivo que se haya abierto este debate ya que en este aspecto tenemos nuestro aporte para realizar en virtud de muchos proyectos de ley que hemos presentado y que pueden obtener sanción y establecer políticas sustentables a mediano y largo plazo que no pongan en riesgo la economía sino todo lo contrario, que generen una economía con mayor igualdad y mayor justicia social y distributiva.

Este debate de la Resolución 125 también disparó otra cuestión central, el rol del Estado. Y en esto hay un tema fundamental, porque cuando en la década del 70 comenzó la era neoliberal no se dio solamente en la Argentina. Fue una corriente del mundo que se aplicó en la región con la mayor rigurosidad. Me refiero al “Consenso de Washington” que en nuestra región y en nuestro país dejó la catástrofe económica y social que aun padecemos. Y no se trató, como a veces se dice, de la existencia de un Estado “bobo” sino de un Estado “funcional”, totalmente funcional, a la concentración de la riqueza, con una teoría de la concentración de la riqueza que era el motor del funcionamiento del mercado. Y por eso se desreguló, se privatizó y se abrió la economía. Esto pasó en nuestros países durante la hegemonía neoliberal.

Hablar del rol del Estado es algo de una gran complejidad porque el neoliberalismo ganó una suerte de batalla cultural en el mundo cuando fue aplicado. Fue contra los Estados del Bienestar en la Europa desarrollada y en los Estados Unidos. De modo que estos temas del rol del Estado son fundamentales que se discutan en el Parlamento. El rol del Estado de este siglo debe ser un rol que equilibre lo que el mercado genera con sus desigualdades en la marcha por la rentabilidad. El mercado avanza en la desigualdad. Por eso, el rol del Estado en este siglo se tiene que dar con participación ciudadana; la sociedad debe participar en el nuevo rol del Estado.

Por eso, el proyecto de ley sobre regulación de los servicios públicos que el gobierno envió hace algunos años al Parlamento –y que se encuentra cajoneado en Diputados- es una muy buena norma que resisten todas las grandes empresas privatizadas, porque a estas empresas les conviene esta situación de emergencia. Les conviene patear la emergencia para adelante porque, si bien es cierto que no les aumenten las tarifas, tampoco hacen inversiones. Y las ganancias extraordinarias las obtienen por otro lado. En el caso del gas las obtienen con la garrafa y en el caso de los teléfonos, con los celulares.

Se habló de muchas leyes que se aprobaron en este Parlamento, pero la mayor tragedia de la época del neoliberalismo en la República Argentina fue la privatización de YPF. Porque en este mundo la consecuencia de 25 años de neoliberalismo nos deja tres crisis entrelazadas: las crisis financieras, la crisis energética y la crisis de los alimentos.

Entonces, el nuevo rol del Estado debe venir de la mano de la participación ciudadana y con entes de control. No existe caja neoliberal mala y caja revolucionaria buena. Los fondos públicos se deben administrar con transparencia siempre. Por eso, hemos planteado que el crecimiento de los fondos fiduciarios y de los subsidios de la manera en que se está haciendo inevitablemente terminará en denuncias penales. No es una obsesión de los legisladores de la oposición, de las oficinas anticorrupción o de los fiscales, sino que será así por el mecanismo empleado: cuando un funcionario tiene con su lapicera la posibilidad de derivar 500 millones para un lado o para el otro o dárselos a un empresario o a otro, esa discrecionalidad, esa poca transparencia, esa opacidad, termina mal. No estoy diciendo nada nuevo, porque esto ya lo vivimos.

El nuevo Estado debe venir necesariamente de la mano de la participación ciudadana. Y en esto quiero introducir el elemento de la Resolución 125, porque se introduce a través del artículo 2 la delegación de facultades. Puede haber una discusión jurídica al respecto, hemos escuchado a quienes opinan desde un lado y desde el otro, pero hay una frondosa jurisprudencia que marca que esta delegación que se realiza por la Resolución 125 es claramente inconstitucional.

Pero quiero remarcar, además, que el “delegacionismo” es una de las características del neoliberalismo; mejor dicho, de la manera de gobernar del neoliberalismo, sin Parlamento. Por ejemplo, Fujimori cerrando el Parlamento. Hay un libro de Guillermo O'Donnell que desarrolla muy bien toda esta cuestión, donde se habla de la fragilidad, de la debilidad, de la falta de sustento y de la crisis de las nuevas democracias de la región. Y en él se sostiene que una parte fundamental de esa crisis se debe a que no solamente no se ha llegado a la democracia participativa, sino que además las democracias representativas han descendido un escalón más, producto de esta concepción del neoliberalismo, y pasaron a ser “democracias delegativas”. Así las define el politólogo Guillermo O'Donnell.

Estos son temas centrales y nos parece muy positivo que se hayan puesto en debate en el Parlamento nacional. Las delegaciones debilitan la democracia porque generan una concentración de poder que la tornan un “elefante con pies de barro”. ¿Por qué pasamos en la Argentina de la hegemonía absoluta a la fragilidad? Dicen "se comen todo, no hay espacio para nadie" y, de golpe, vemos que esa hegemonía se transforma nuevamente en fragilidad. Algunas experiencias provinciales, con la reforma de la Constitución, lo dejaron claramente manifestado, como en el caso de Misiones

Esos son los temas fundamentales que queremos incorporar en la agenda del Parlamento y que quedan como un hecho positivo del tratamiento de las retenciones en el Congreso. Consideramos que las retenciones —tal como lo planteamos en nuestro proyecto y coincidimos con otros bloques— deben ser segmentadas y progresivas. No se puede dar el mismo tratamiento a los grandes pooles de siembra y fideicomisos financieros que administran miles de hectáreas, que a los pequeños y medianos productores que históricamente han cimentado el desarrollo económico y social del interior del país.

La desaparición de muchos pequeños productores, empujada inicialmente por la baja rentabilidad y el endeudamiento de finales de los ’90, en la actualidad, se profundiza por la competencia –muy desigual- por la tierra con las nuevos actores con más capacidad financiera. Entre 1988 y 2002 desaparecieron 103.405 establecimientos (30% de ellos la zona pampeana), el 75% de los cuales eran de menos de 100 hectáreas. En cuanto a la escala de las explotaciones, en el mismo período la unidad económica pampeana pasó de 257 a 538 hectáreas.

De esta forma, mientras cada año se alcanzan cosechas record, la cantidad de productores disminuyó un 25% en los últimos. En la zona más fértil del país, la tendencia concentradora se agudiza. Según datos del último Censo Nacional Agropecuario de 2002, de los casi 80 mil propietarios, los primeros 1250 acaparan 9 millones de ha, y 2000 empresas controlan el 80% de la producción. Además, tres grandes empresas controlan más la mitad de los embarques de granos, aceites y harinas: la estadounidense Cargill, la argentina Bunge y la francesa Dreyfus. Estas grandes empresas, que fueron los grandes beneficiarios de la devaluación y la pesificación asimétrica, siguen siendo los grandes “ganadores” del modelo de hoy.

Este modelo productivo ha ido erosionando el tejido social del medio rural transformando a mucho pequeños y medianos productores en rentistas y dando lugar a una “agricultura sin agricultores”. Contrariamente a lo que sostiene el Gobierno, el proceso de concentración de la tierra y de “sojización" no se ha detenido en los últimos años; es necesario por ello una política integral en la materia como lo sostuviera Juan B. Justo, pionero en el estudio del problema agrario en la República Argentina, a cuya instancia el Partido Socialista aprobó en 1901 un programa agrario muy avanzado para la época que daría inicio a la legislación agraria argentina. Programa que planteaba el combate contra el latifundio y la concentración de la tierra, junto a la consecuente promoción de una clase de pequeños propietarios, como los elementos centrales para abordar la cuestión agraria que, como en aquella Argentina del capitalismo finisecular, vuelve a plantearse una vez más –al decir de Justo-, como uno de los “problemas más palpitantes de la vida nacional".
Por otra parte, hay que tener en cuenta que cada punto de retención coparticipa en “cero peso, cero centavos”. Por eso se dispara el debate entre el gobierno nacional y las provincias. La distribución de recursos financieros públicos entre la Nación y las provincias es un aspecto central que apuntala la vigencia de un régimen federal de gobierno y de su definición y forma de implementación depende en gran parte el ejercicio efectivo de la autonomía por parte de las provincias. Un aspecto crítico de esta distribución es la que surge del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos actualmente regido por la Ley 23.548. La Constitución Nacional reformada en el año 1994 determina la necesidad de establecer un nuevo régimen de coparticipación bajo las pautas de automaticidad en la remisión de fondos, objetividad en los criterios de reparto, equidad, solidaridad y prioridad en el logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Estableció asimismo como plazo para su sanción la finalización del año 1996. Pasados once años del vencimiento de dicha imposición constitucional, el país no ha podido arribar a los consensos necesarios para posibilitar la sanción de esta norma.
Asimismo y más allá de mora constitucional, observamos con grave preocupación que el Gobierno Nacional no cumple siquiera con la ley vigente de Coparticipación Federal 23.548 en uno de sus aspectos fundamentales como el referido en su artículo 7, por el cual se determina un piso de recursos sobre el total recaudado –34%- que debe se distribuido a las provincias. En los últimos cuatro años, este incumplimiento de la garantía del 34% ascendió en valores nominales (sin actualización) a la suma de $ 60.566 millones. Si tomamos las cifras solo del año 2007, y a modo de ejemplo, podemos señalar que para la Provincia de Santa Fe la pérdida de coparticipación de acuerdo a los porcentajes vigentes fue de $1.229 Millones, lo que equivale al 10% de su presupuesto anual.

Aunque no en forma directa, las retenciones tienen relación entonces con los problemas fiscales que sufre la provincia de Buenos Aires, y con que las provincias de Córdoba y de Santa Fe necesiten plantear leyes fiscales. Es decir que empiezan a aparecer problemas en virtud de la holgura de las cuentas fiscales de la Nación y el déficit en las provincias, situación que nos debe preocupar a todos.

Y vuelvo aquí al estilo de gobernar que planteaba al inicio. Esa hegemonía de disciplinamiento a través de los fondos nacionales no es buena para nadie, y menos para el que la practica. No permite una relación positiva Nación-provincias ni tampoco un proceso de acumulación positivo para quien gobierna. Es por ello que creo que esta crisis debe dejarnos enseñanzas.

En los 120 días de conflicto en el país perdimos todos: la producción perdió millones de dólares, y también la economía del interior, que hoy se ve claramente desacelerada. En ese sentido, hace pocos meses hubo un debate acerca de la posibilidad de enfriar la economía por la preocupante tasa de inflación existente y de cuál era la manera de abordar la inflación en la Argentina, que es otro de los problemas pendientes que tenemos. Evidentemente, este conflicto ha producido un parate real, en virtud del cual perdió el gobierno nacional. Desde el propio gobierno se acepta esa situación. Puede leerse todos los días que se necesita un relanzamiento y que se perdieron seis meses. Este conflicto tuvo al país paralizado, se perdió a un ministro de Economía y hasta la relación de votaciones que existía en las cámaras de Diputados y de Senadores. Esto no lo digo chicaneando, sino como una constatación de la realidad de lo sucedido. Es por ello que considero muy importante lo que hagamos de aquí hacia adelante.

Evidentemente, hay un antes y un después del 10 de marzo. Tenemos la responsabilidad de discutir entre todos cómo buscamos no sólo la posibilidad de determinar juntos una política nacional para el sector agropecuario sino, además, cómo este país sienta las bases sólidas —y tenemos la posibilidad de hacerlo— de una Argentina progresista.

Tenemos tradición de una Argentina progresista. El granero del mundo de la primera década del siglo XX no fue el que construyó la Argentina progresista. Lo hizo la ley 1.420, de educación laica, obligatoria y gratuita, que sentó al hijo del pobre junto al del rico, con el guardapolvo blanco y cantando Aurora. Esa es la Argentina de la integración. La Argentina de la integración es la de las colonias agrícolas, la de los chacareros. Por eso insistimos tanto con los pequeños y los medianos productores; es una responsabilidad del Estado fomentarlos, apoyarlos y fomentar su desarrollo, porque son el principal motor de la economía del interior. Lo demostró Santa Fe con Esperanza, que fue la primera colonia que se fundó en el país. Con el proceso de colonización, Santa Fe se convirtió por esos años en la provincia más dinámica del país, transformándose en la mayor productora de granos, y aumentando su población de 40 mil a 350 mil habitantes entre 1850 y 1895. Esta es la verdadera historia del progreso argentino. Además, Colonia Esperanza también generó la posibilidad de integración a través de la inmigración. Porque no se trata sólo de progreso económico. Existe una hermosa anécdota que relata la historia de amor entre un alemán católico y una austríaca protestante, a quienes no se les permitía casarse. De cualquier forma, lo hicieron ellos mismos de hecho, llevando a cabo su casamiento en presencia de amigos, lo que constituye el primer antecedente de matrimonio civil en la República Argentina. Cabe mencionar en este sentido que el pueblo de Esperanza es una de las pocas ciudades del país que tiene dos iglesias en su plaza central: la católica y la protestante. Ese es el país progresista. Por eso hay que apoyar al pequeño y mediano productor, tanto del campo como de la ciudad: porque es el motor de la economía; porque es quien genera progreso social y la posibilidad de una Argentina en desarrollo.

Por las razones expuestas, votaré rechazando el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados. Lo haré por considerar que la delegación que se realiza en el artículo 2 avanza en aspectos totalmente negativos; que la metodología prevista para la devolución de las compensaciones a los pequeños y medianos productores repite lo que hoy no funciona o se hace mal, como ocurre en el caso del trigo; y por que se ha incorporado una fecha límte de vigencia del sistema —el 31 de octubre—, cuyo fundamento de existencia no hemos escuchado por parte de los funcionarios oficiales ni del bloque oficialista en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Se habla en este sentido del 31 de octubre, cuando en ese mes, justamente, se tiene que sembrar para la próxima campaña, lo que genera una incertidumbre: de la mano de la delegación, un funcionario de tercer nivel puede terminar con las compensaciones que está dando este Parlamento.

Por último, quiero decir que se trata no de un voto negativo, sino de afirmación de que, entre todos, tenemos que abrir el debate en el Parlamento. Este es el lugar para determinar la política agropecuario para el mediano y largo plazo y para discutir sobre todos estos aspectos fundamentales que todavía están pendientes en el país.


Sala de Sesiones, 16-17 de julio de 2008.