La intensión de revisar el marco normativo que regula el uso, distribución y venta de estupefacientes en nuestro país, es parte de la agenda pública que se ha instalado en estas últimas semanas. Hoy, tanto el Poder Ejecutivo Nacional, como la Corte Suprema de Justicia, se encuentran debatiendo, en sus respectivos ámbitos, la posibilidad de dar un sustancial golpe de timón al tratamiento de las drogas en nuestro país, cuestionando importantes aspectos de la Ley de Estupefacientes (Nº 23.737) hoy vigente en Argentina. Ante esta coyuntura, queremos darte a conocer nuestra visión sobre el tema, ya que la drogadicción es un flagelo que afecta particularmente a los sectores juveniles.
Haciendo una valoración global, podemos corroborar, en hechos cotidianos, que dicha normativa ha fracasado en varios aspectos. Por un lado no logró realizar su primer cometido, orientado a disminuir, con un criterio netamente punitivo, el creciente uso de estupefacientes. Y por otro lado ha tenido un impacto altamente negativo sobre el último y más débil eslabón en la cadena del narcotráfico: el consumidor; que lejos de ser tratado como un enfermo, afrontando el problema desde la salud pública, se lo estigmatiza penalmente, tratándolo como si fuera un delincuente. Tal como dijo Eugenio Zaffaroni (actual Juez de la Corte Suprema): “Penalizar a un drogadicto, es lo mismo que penalizar a un loco por su enfermedad”. La penalización del consumo, que rige desde 1989, no sirvió en absoluto para mejorar la situación en torno a la drogadicción, y tiene como saldo negativo la criminalización de más de 200 mil personas, en su mayoría jóvenes.
Pero la complejidad del tema requiere que hagamos algunas diferenciaciones. Creemos correcto y necesario que se despenalice la tenencia de drogas para uso personal, lo que no quiere decir impulsar la legalización de su uso. Sobre este punto el Profesor titular de la cátedra de Derecho Penal I de la UNL, el Dr. Julio de Olazabal, dice: “Cuando se habla de despenalizar cualquier conducta, la gente suele asociar eso con que se legaliza algo y no es lo mismo. Legalizar una conducta implicaría decir que lo que se hace es correcto y que el Estado puede llegar hasta fomentarlo. Despenalizar una conducta sería solamente decir: ‘no vale la pena castigarla’, pero no porque esté bien, sino porque la penalización no está produciendo los efectos que se desean”.
La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, dependiente de la Presidencia de la Nación (SEDRONAR), pronuncia su slogan de "Guerra contra las Drogas" – muy similar al usado por la DEA estadounidense- en un irrisorio y quimérico intento de que no haya ninguna persona que consuma estupefacientes, bajo ninguna circunstancia y en ningún lugar. Este criterio resulta harto contradictorio con la llamada “cláusula de reserva” establecida en el Art. 19 de la Constitución Nacional, que refiere a que las "acciones privadas de los hombres” que no ofendan al orden, a la moral pública, ni perjudiquen a terceros, están “exentas de la autoridad de los magistrados”.
Pero cada cosa debe encuadrarse en su espacio y en su tiempo. La ley 23.737 fue sancionada al calor del proyecto neoliberal que encarnaba Carlos Saúl Menem; proyecto que contaba con una Justicia totalmente adicta y acrítica, que hacía de mero brazo ejecutor de la voluntad del Poder Ejecutivo. Por aquellos años era impensada la posibilidad de que pudiera prosperar algún planteo de inconstitucionalidad a la Ley de Estupefacientes que, al penar una “acción privada”, transgredía en forma flagrante el art. 19 de nuestra Constitución Nacional.
En oportunidad del tratamiento legislativo de dicha Ley, el Diputado Socialista (y ex presidente del PSP) Guillermo Estévez Boero señalaba que “La actitud legal frente a la tenencia de estupefacientes es un aspecto clave en el presente debate”. Fundamentaba su postura diciendo que “Estos criterios punitivos... no cuentan en su haber con un consentimiento generalizado entre los especialistas.” Y que “Por otra parte hay quienes... consideran que se agrava el aislamiento y la marginalidad del joven...”, para avalar el dictamen de minoría en cuanto a no penalizar la tenencia personal.
Un abordaje político para combatir seriamente el narcotráfico, desde la órbita represiva, debe estar orientado a perseguir la venta y la distribución que llevan adelante grandes organizaciones delincuenciales, que en más de una oportunidad lo hacen en complicidad con las Fuerzas Policiales, como en el caso paradigmático de la Policía Bonaerense (otrora llamada “Maldita Policía”), y no haciendo recaer todo el peso de la ley sobre el adicto. Es significativa, y de gran asidero en la realidad, lo que recita la estrofa de una canción popular: “…Prenden Fuego y no queman nada…”, en relación al procedimiento policial que se debe realizar para la destrucción de estupefacientes secuestrados. Cualquier parecido con la realidad... ¿Es solo coincidencia?
La necesidad de una Política Integral
Creemos que hoy es indispensable una revisión de la ley en cuestión. Entendemos que el problema de las adicciones debe ser abordado integralmente, y es el Estado quien tiene la obligación primordial de que se ejecuten políticas en este sentido. La víctima no puede, ni debe, ser tratada como delincuente.
Se deben implementar programas orientados a la Prevención, y en eso es fundamental que el tema se lo incluya dentro de los contenidos de la cartera Educativa. Instruir desde las aulas sobre el flagelo de las drogas es, a esta altura, una necesidad indiscutible. Paralelamente, hay que articular políticas relacionadas con la salud pública: atención hospitalaria gratuita, cobertura de Obras Sociales, tratamiento adecuado, son sólo algunos ítems a tener en cuenta a la hora de considerar el problema. La cuestión de la Salud es prioritaria a la hora de dar un debate de estas características, porque con el hecho consumado, el adicto debe tener una atención adecuada: “Consumir y usar es una cosa, abusar es otra, y depender es otra. Cuando entramos al abuso entramos a un problema de salud, y cuando entramos en la dependencia estamos francamente en un problema de salud. El problema de la adicción es un problema de salud, si lo saco del ámbito de salud, no lo voy a resolver” (Eugenio Zaffaroni).
En este sentido, vemos con mucha preocupación que desde el gobierno nacional no se hayan dado detalles sobre cuáles serán verdaderamente las medidas orientadas a cambiar el paradigma hoy vigente de criminalización del adicto que, sabemos, no ha resuelto el problema. Por ahora, solo han sido anuncios por parte del Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que ha expresado la “necesidad” de rever la legislación, pero que de ninguna manera han tenido la profundidad necesaria para creer que el traspaso de un abordaje netamente judicial y punitivo, a un abordaje integral (que incluya Salud, Prevención y Educación) se llevará adelante en forma seria y responsable.
Desde la Juventud Socialista, apostamos a que se profundice el debate de la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal, pero también queremos que los jóvenes sean parte del mismo, por ser el sector social más perjudicado por los efectos nocivos de la actual regulación. No creemos que lo mejor sea reducir la discusión a si la tenencia para uso personal es, o no, un derecho individual de cada persona, porque en eso es muy clara nuestra Constitución Nacional en su art. 19. Sino ver cómo trasladamos el conflicto a la esfera de la Salud Pública, descriminalizando al adicto, teniendo en cuenta que la trascendencia social del conflicto requiere la presencia de políticas públicas integrales (Salud, Educación, Deporte, Promoción y Desarrollo Social, entre otras), las cuales resultan herramientas insustituibles a la hora de presentar respuestas a este conflicto.
Juventud Socialista
Ciudad de Santa Fe
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